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Rocio Higuera: nos vemos en la reconstrucción de Venezuela zodiac signs//
Paraguay no vulneró derechos humanos de Arrom y Martí

Por Sergio Coscia — Procurador General de la República @SergioCoscia

 

El caso se remonta al año 2002, cuando el Paraguay vivía días de mucha angustia con el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi. En ese contexto, familiares de Juan Arrom y Anuncio Martí denunciaron a la prensa y a las autoridades la desaparición de los mismos. Tanto uno como otro estaban sindicados como involucrados, a su vez, en el secuestro de la primera.

Nos vemos pronto

Arrom y Martí aparecieron luego de algunos días de una forma confusa, en un sitio en el que llamativamente acudieron sus familiares y periodistas quienes fueron citados a la escena, la que estaba rodeada de circunstancias demasiado sospechosas. El momento fue  trasmitido en vivo por canales de televisión y radio.

nos vemos en la reconstrucción de Venezuela

El Ministerio Público ya había por entonces activado los mecanismos institucionales para dar con ellos y, luego de su aparición, inició las investigaciones que correspondían para deslindar las responsabilidades. Arrom y Martí, en ese proceso, dieron su versión de los hechos y acusaron a determinados agentes del Estado como involucrados. Fueron imputados en su momento: Saturnino Antonio Gamarra, José David Schémbori y Javier Cazal.

Dios mediante, falta cada vez menos para ese momento

Todas las alegaciones de Arrom y Martí fueron analizadas, contrastadas y verificadas por el Ministerio Público, encontrándose numerosas contradicciones e inconsistencias. Sin poderse sostener ese relato la fiscalía no tuvo otra opción que solicitar el sobreseimiento definitivo de los agentes imputados, lo que fue confirmado por los tribunales.

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El Estado agotó todas las posibilidades de investigación. Permitió a Arrom y Martí participar de todas las diligencias del proceso, plantear impugnaciones, ofrecer pruebas, etc. Nada le fue cercenado arbitrariamente a los mismos. Las pocas pruebas que no fueron practicadas se refirieron a reiteraciones de declaraciones ya formuladas y otras impertinentes. Las decisiones en los sentidos apuntados fueron debidamente fundadas y no resisten la crítica.

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En estas condiciones el caso pasó a la Comisión Interamericana de Derechos en el mismo año 2002, con admisión recién en 2008. El informe de fondo, expedido el año pasado, concluyó que la investigación del Estado no reunía los estándares internacionales de diligencia y que el caso debía reabrirse. Es decir, señaló que la investigación de la fiscalía no fue exhaustiva

En consecuencia, además, recomendó la reparación de los daños causados a Arrom y Martí con el pago de indemnización económica. Pretende que el Estado sea declarado responsable internacionalmente con base en meros indicios ya que no fue probada –al contrario, fue expresamente descartada– la participación de agentes del Estado en los sucesos denunciados

Paraguay rechazó esas conclusiones y el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa instancia, a través de su representante Abg. Carlos Abadie Pankow, Arrom y Martí estiman que su indemnización, junto con toda la que correspondería a sus familiares, debería ascender a USD 63.075.000, además de otras reparaciones morales, como un pedido de disculpas públicas

La demanda ante ese tribunal es completamente improcedente. El Estado cumplió con sus obligaciones internacionales al investigar adecuadamente el caso. Las inconsistencias del relato de Arrom y Martí eran graves. Paraguay no vulneró derecho alguno de los mismos. No podemos olvidar que son ellos quienes rehúyen de la misma justicia que tanto solicitan, al haber abusado de las medidas alternativas a la privación de libertad en el caso que investigaba el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi (en la que se encontraban acusados y a días de enfrentar juicio oral y público) huyendo al Brasil, donde consiguieron –en controvertida decisión– un estatus de “refugiados”

Lideró un equipo interinstitucional en el que participan integrantes de la misma Procuraduría General, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Defenderemos en la próxima audiencia pública del 7 de febrero, en San José, Costa Rica, la posición y los intereses del Estado. Haremos nuestro mejor esfuerzo para que las pruebas que nos permitan producir y nuestros alegatos persuadan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea dictado un fallo justo –que beneficie al Paraguay–, y que no la haga deslegitimarse frente a la comunidad de países que aceptan su competencia

No podemos obviar que Paraguay, desde 1989, siempre fue respetuoso de los derechos humanos. Ni en el año 2002 ni en la actualidad puede decirse que haya existido o exista un patrón sistemático de violaciones masivas de derechos humanos

Nada puede hacer presumir que este caso sea la excepción. Las investigaciones del Ministerio Público a lo largo de estos años, desde entonces, y en casos sucesivos, han podido corroborar que la decisión del caso ArromMartí fue correcta

Esta será la postura que seguirá siendo sostenida por el equipo de abogados del Estado paraguayo, que procurará evitar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle en el sentido propuesto por los denunciantes, evitando el despojo de importantísimas sumas de dinero y reparaciones morales que no corresponde sean otorgadas

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