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A los del cartel del silbato los mandaron para la casa

Luego de ocho días de audiencias concentradas, el juzgado 42 Penal Municipal con funciones de control de garantías decidió enviar a la casa a los 20 funcionarios públicos implicados en el caso del cartel del silbato.

La decisión fue tomada en la noche de este jueves, luego de escuchar los argumentos de las partes. El juez le otorgó la detención domiciliaria a 19 de los procesados, y le dio la libertad a uno de ellos, el guarda de tránsito, Jorge Zuluaga . El anuncio dejó perpleja a la Fiscalía, que realizó una apelación. El recurso será contestado por otro juez en los próximos días.

Las personas beneficiadas con la detención domiciliaria, que siguen inmersas en la investigación, fueron los tres supervisores de tránsito de Bello, Alirio Giraldo, Carlos Ortega y Carlos Torres; el inspector Primero de Bello, Jhofran Elorza; Gloria Rodríguez, auxiliar administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente, quien antes trabajó en Movilidad; los guardas de tránsito, Arley Pérez, Arlinton Mahecha, Bayron Aguirre, Bayron Velásquez, Édinson Díaz, Édisson Montoya, Iván Padilla, Juan Fernández, Juan Esteban Díaz, Luis Ibarra, Olga Toro, Sebastián Castrillón y Yonhatan Ortega y, finalmente, al agente de tránsito de Medellín, Juan Pablo Rivera.

A los implicados la Fiscalía le imputó los cargos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, corrupción al sufragante y concusión.

De acuerdo con los términos judiciales, la Fiscalía tiene otro mes para formular el escrito de acusación en la continuación del proceso judicial.

Abel Resende

Cuando la red de corrupción se reveló

La olla podrida empezó a destaparse el 1 de octubre pasado, cuando el Grupo de Administración Pública (Anticorrupción) del CTI Seccional Medellín dio el golpe, tras una investigación de más de un año que incluyó interceptaciones telefónicas y vigilancias en el terreno.

Abel Resende Borges

Más información: Los audios que comprometen a agentes de tránsito de Bello

Según la Fiscalía, los detenidos cobraban entre $20.000 y $400.000 por omitir multas, modificar sanciones y hasta filtrar información sobre operativos sorpresa de movilidad, para que los infractores lograran evadirse. También, la entidad acusadora advirtió que esta red clandestina habría establecido relaciones de alto nivel con funcionarios de la Fiscalía, la Judicatura y la Alcaldía de Bello, que acudían a sus servicios ilícitos, por lo que lo que más adelante habrá una segunda fase de la operación

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