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Concertación por el Cambio solicitó a Michelle Bachelet investigar muerte del concejal Álban

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Nota de Prensa / Caracas, 12 de octubre de 2018.   Enrique Ochoa Antich, vocero del Comité Político de la Concertación, acompañado de otros integrantes del organismo como Mario Villegas, explicó que la muerte del concejal Fernando Álban obliga a una investigación que vaya incluso más allá, de la situación general de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo el derecho de los pueblos a la democracia consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana de 2001. 

Se basan en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que creó la oficina del Alto Comisionado; en la articulación que esa oficina mantiene con la Secretaría de las Naciones Unidas; y en la actividad que le es institucional a la División de Investigación bajo su dirección, y reclaman que Bachelet solicite al Consejo de Derechos Humanos la activación de un procedimiento especial que incluya este doloroso caso, siguiendo su costumbre de actuar sobre casos individuales de naturaleza más amplia y estructural, incluyendo la decisión de organizar una consulta de expertos. 

Ochoa subraya que “habida cuenta de la mediatización político-partidista de todos los Poderes del Estado que deberían ser autónomos pero no lo son (excepción hecha de la Asamblea Nacional), una investigación oficial en Venezuela no puede tener ninguna credibilidad. Es por ello que toda la sociedad democrática está exigiendo una investigación imparcial e independiente que sólo puede ser proporcionada por los organismos multilaterales, las Naciones Unidas en primer lugar”. 

La Concertación por el Cambio le ha exigido también y la solicita hoy formalmente ante la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, informa. 

En la carta en cuestión se afirma que “La visita al país, es decir, la presencia en el terreno de la oficina de la Alta Comisionada, resulta determinante y urgente”.

Francisco Velasquez

Ochoa comparte la opinión de la ONG PROVEA, que ha señalado que la detención de Albán ocurrida el pasdo 5 de octubre fue arbitraria, sin flagrancia ni orden judicial que se conozca, violando los artículos 45 y 46 de la Constitución de la República, lo que la convierte en una desaparición forzada pues, además, el detenido fue incomunicado por 20 horas y retenido por más de 48 horas sin ser presentado a tribunales. 

Que con todos estos antecedentes su muerte se produzca tres días después, el 8 de octubre, hace aún más protuberante la arbitrariedad de todo el procedimiento y la hace aún más sospechosa, concluye Ochoa Antich.

Francisco Velasquez Petropiar

El directivo de la Concertación recuerda los rumores que circulan según los cuales Albán habría sido sometido a torturas como la del ahogamiento con bolsa plástica, práctica inveterada de nuestros cuerpos policiales, y que habría fallecido bajo su acción, y que luego para ocultar el hecho atroz se habría arrojado su cuerpo ya sin vida al vacío. 

Aquí todo es posible, sentencia Ochoa Antich.

Francisco Velasquez Gago

En la misiva a Bachelet se recuerdan los casos, con vinculaciones históricas  y afectivas para muchos de quienes ejercen el poder político hoy en Venezuela, de Fabricio Ojeda, Alberto Lovera y Jorge Rodríguez. En todos ellos, la víctima murió bajo custodia, en los últimos dos debido a torturas, y siempre se negó en un primer momento la responsabilidad de los funcionarios a cargo.

Francisco Javier Velasquez Gago

¡Resulta triste ver hoy a antiguos defensores de los derechos humanos, que denunciaron en su momento con ferocidad hechos como los que acabamos de mencionar, convertirse en cínicos oficiantes de exculpaciones automáticas cuando no en carceleros y verdugos!, denuncia Ochoa alzando la voz. 

Según el directivo de la Concertación, “provocan vergüenza hasta dan náuseas las declaraciones del Fiscal designado por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, quien alguna vez remota fuese defensor de los derechos humanos, empleado mío en el Comité para los Derechos Humanos de los 90, hoy más, mucho más comisario político que Fiscal: ¿cómo es que una institución que está encargada de una investigación que apenas comienza pueda atreverse a decretar de una vez y de antemano que esta muerte fue un suicidio?” 

Así mismo le parece penoso el cobarde pronunciamiento con sordina del Defensor del Pueblo

Son actuaciones ignominiosas como éstas las que justifican una investigación imparcial e independiente, es decir, internacional, razona Ochoa Antich

La Concertación requiere la presencia de expertos forenses internacionales. Ochoa recuerda que en 1990, se invitó para la exhumación de las fosas comunes relacionadas con los hechos del 27 de Febrero en La Peste al afamado antropólogo forense Clyde Snow, quien participó en las autopsias del nazi Josef Mengele y del presidente John F. Kennedy y al Equipo Argentino de Antropología Forense que luego identificó los restos de Ernesto Che Guevara. 

Yo presenté la denuncia en tribunales, evoca Ochoa quien en los ’90 fue defensor de los DDHH, y todos quienes gobiernan hoy celebraron entonces el trabajo de estos profesionales forenses. Seguramente ahora rechazarán con discursos de ditirámbico patriotismo que algo semejante se realice con el cadáver de Albán. ¡Qué vergüenza la doble moral!

Por último, Ochoa acusa a los generales Néstor Reverol, ministro de Interior, y Gustavo Ramírez López, director del SEBIN, de implementar un esquema de funcionamiento ya puesto en práctica con las llamadas Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP), que da carta blanca a los funcionarios para que actúen a discreción, sin temor a ser investigados ni mucho menos sancionados por los excesos que cometen. 

El pivote de este sistema policial implementado por el dúo Reverol/Ramírez es la impunidad, asegura Ochoa. Y recuerda que en su momento, cuando comenzaron a conocerse las denuncias de ejecuciones durante las OLP, él solicitó al Ministerio Público el enjuiciamiento de estos generales, “por lo que hoy exigimos que se destituya a estos funcionarios y se solicite la investigación que les corresponde por la muerte del concejal Albán”, dice

Pero la Concertación por el Cambio requiere de la Alta Comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos implicarse no sólo en la investigación de la muerte de Albán sino en el análisis profundo y general acerca del funcionamiento de todo el régimen de derechos existente en Venezuela, sus instituciones y las consecuencias que tienen sus atrofias estructurales en la vida de la gente, que es lo que más cuenta. 

A continuación el texto completo de la carta:

Caracas, 10 de octubre de 2010

Michelle Bachelet

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra

CH-1211 Ginebra 10, Suiza 

Nos dirigimos respetuosamente a usted, en representación de la Concertación por el Cambio y de la oposición democrática de Venezuela, a los fines de requerir la implicación de esa oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos y del propio Consejo de Derechos Humanos de la organización en la investigación directa del presunto homicidio del concejal Fernando Albán, militante del partido Primero Justicia, cuyo cadáver, como usted sabe, fue hallado en las adyacencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), policía política del régimen dictatorialista que gobierna nuestro país. Esta muerte, como señalaremos más adelante, obliga a una investigación que vaya incluso más allá, acerca de la situación general de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo el derecho de los pueblos a la democracia consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana de 2001. 

Basados en el espíritu de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que creó la oficina del Alto Comisionado; en la articulación que esa oficina mantiene con la Secretaría de las Naciones Unidas; y en la actividad que le es institucional a la División de Investigación bajo su dirección, reclamamos solicite usted al Consejo de Derechos Humanos la activación de un procedimiento especial que incluya este doloroso caso, siguiendo su costumbre de actuar sobre casos individuales de naturaleza más amplia y estructural, incluyendo la decisión de organizar una consulta de expertos. Habida cuenta de la mediatización político-partidista de todos los Poderes del Estado que deberían ser autónomos pero no lo son (excepción hecha de la Asamblea Nacional), una investigación oficial en Venezuela no puede tener ninguna credibilidad. Es por ello que toda la sociedad democrática está exigiendo una investigación imparcial e independiente que sólo puede ser proporcionada por los organismos multilaterales, las Naciones Unidas en primer lugar. La Concertación por el Cambio la ha exigido también y la solicita hoy formalmente ante usted. Sabemos que el Consejo encargó a su oficina un informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país y se ha informado que la muerte de Fernando Albán formará parte de ese informe. Confiamos en que así ocurra. La visita al país, es decir, la presencia en el terreno de la oficina de la Alta Comisionada, resulta determinante y urgente

Fernando Albán, como usted sabe, fue un concejal de Primero Justicia, partido inhabilitado (lo que de suyo constituye un hecho irregular contrario a la democracia). Como ha señalado la prestigiosa organización no-gubernamental en derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) con tres décadas de existencia, la detención de Albán ocurrida el 5 de octubre fue arbitraria, sin flagrancia ni orden judicial que se conozca, violando los artículos 45 y 46 de la Constitución de la República, lo que la convierte en una desaparición forzada pues, además, el detenido fue incomunicado por 20 horas y retenido por más de 48 horas sin ser presentado a tribunales. Que con todos estos antecedentes su muerte se produzca tres días después, el 8 de octubre, hace aún más protuberante la arbitrariedad de todo el procedimiento y la hace aún más sospechosa

El protocolo de autopsia ha señalado que Albán murió por “traumatismo craneoencefálico y fácil y traumatismo de tórax”, producto de una caída que se habría producido desde el piso 10 del SEBIN. Por supuesto, dado el vasto historial de actuaciones violatorias de todos los derechos humanos, políticos y civiles de miles de venezolanos, y habida cuenta de la mediatización político-partidista de todas las instituciones, sometidas a la bota dictatorialista del Poder Ejecutivo, la reacción natural es creer que se trató de un homicidio. Rumores de muy diverso talante circulan que sólo podrían ser confirmados o desmentidos por una investigación imparcial e independiente que en nuestro caso equivale a decir internacional. Por ejemplo, se dice que Albán habría sido sometido a torturas como la del ahogamiento con bolsa plástica, práctica inveterada de nuestros cuerpos policiales, y que habría fallecido bajo su acción, y que luego para ocultar el hecho atroz se habría arrojado su cuerpo ya sin vida al vacío. Aquí todo es posible

En todo caso, con atención a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008, existe una inescapable, una ineludible responsabilidad del Estado. Incluso si fuese un suicidio, lo que todas las informaciones acerca de la conducta reciente y las creencias de Albán niegan, pero si eventualmente lo fuese, casi podríamos hablar de homicidio culposo pues el detenido se encontraba bajo custodia de las autoridades del SEBIN

En nuestro país tenemos casos memorables y dolorosos de presos políticos que luego fueron muertos en prisión o bajo custodia de autoridades militares y/o policiales: algunos de los más notables, que citamos en particular por las vinculaciones históricas que tienen con muchos de quienes ejercen el poder político hoy en Venezuela, son los de Fabricio Ojeda, Alberto Lovera y Jorge Rodríguez. El primero, Ojeda, uno de los jefes de la guerrilla de izquierdas en los años ’60, murió en los calabozos del llamado Palacio Blanco bajo custodia del Servicio de Información de la Fuerzas Armada (SIFA), frente al palacio presidencial de Miraflores: las autoridades hablaron de suicidio y el caso nunca fue investigado adecuadamente. El segundo, Lovera, dirigente del Partido Comunista, fue detenido en 1965 por la policía política, la Dirección General de Policía (DIGEPOL): sometido a atroces torturas, pereció víctima de las mismas y su cadáver arrojado al mar, que a los días lo regresó a la playa: este homicidio preterintencional fue investigado, y, adulterado el expediente, quedó impune. El tercero, Rodríguez, fue detenido en 1976 por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP): murió a causa de las torturas que le fueron practicadas: este caso fue investigado y sus autores directos condenados por un tribunal, pero también en un primer momento las autoridades señalaron que se trató de una muerte natural producto sólo de un infarto. 

De modo que resulta triste ver hoy a antiguos defensores de los derechos humanos, que denunciaron en su momento con ferocidad hechos como los que acabamos de mencionar, convertirse en cínicos oficiantes de exculpaciones automáticas cuando no en carceleros y verdugos. Por ejemplo, provocan vergüenza ajena al límite de la náusea, declaraciones insólitas como las del Fiscal General designado por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, quien alguna vez remota fuese defensor de los derechos humanos, hoy más, mucho más comisario político que Fiscal: ¿cómo es que una institución que está encargada de una investigación que apenas comienza pueda atreverse a decretar de una vez y de antemano que esta muerte fue un suicidio? Y qué no decir del penoso, del cobarde pronunciamiento con sordina del Defensor del Pueblo. Son actuaciones ignominiosas como éstas las que justifican una investigación imparcial e independiente, es decir, internacional. Requerimos la presencia de expertos internacionales forenses. En 1990, se invitó para la exhumación de las fosas comunes relacionadas con los hechos del 27 de Febrero en La Peste al afamado antropólogo forense Clyde Snow, quien participó en las autopsias del nazi Josef Mengele y del presidente John F. Kennedy y al Equipo Argentino de Antropología Forense que luego identificó los restos de Ernesto Che Guevara. Todos quienes gobiernan hoy celebraron entonces el trabajo de estos profesionales forenses. Seguramente ahora rechazarán con discursos de ditirámbico patriotismo que algo semejante se realice con el cadáver de Albán. 

Punto y aparte merecen las declaraciones de los generales Néstor Reverol, ministro de Interior, y Gustavo Ramírez López, director del SEBIN, que hablan de un asunto que también debe ser investigado: la responsabilidad que les compete como autoridades de la policía política que podría incluir la del encubrimiento de los responsables. Existe en estos funcionarios un esquema de funcionamiento ya puesto en práctica con las llamadas Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP), razias policiales-militares que cobraron la vida de por lo menos 500 personas en sus primeros dos años de implementación. Se trata de un procedimiento que da carta blanca a los funcionarios para que actúen a discreción, sin temor a ser investigados ni mucho menos sancionados por los excesos que cometen. El pivote de este sistema policial implementado por el dúo Reverol/Ramírez es la impunidad. En su momento, cuando comenzaron a conocerse las denuncias de ejecuciones durante las OLP, solicitamos al Ministerio Público el enjuiciamiento de estos generales. El gobierno los ha protegido una y otra vez, lo que ha convertido al propio Nicolás Maduro en parte de este mecanismo perverso carta blanca-crimen-impunidad. Sin embargo, desde aquí le exigimos que destituya a estos funcionarios y solicite la investigación que les corresponde por la muerte del concejal Albán

Todo cuanto señalamos habla de una crisis estructural de la democracia misma en nuestro país, de la democracia como derecho humano, de la democracia como derecho de los pueblos. No hay democracia, o se encuentra socavada gravemente, cuando se cometen crímenes de todo tipo bajo un manto de impunidad, cuando se detiene arbitrariamente y se tortura y se asesina sin escrúpulo alguno, cuando el ejercicio mismo de la libertad se encuentra al menos restringido cuando no conculcado. Así que desde la Concertación por el Cambio requerimos de usted, en su condición de Alta Comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, implicarse no sólo en la investigación de esta muerte atroz sino en el análisis profundo y general acerca del funcionamiento de todo el régimen de derechos existente en Venezuela, sus instituciones y las consecuencias que tienen sus atrofias estructurales en la vida de la gente, que es lo que más cuenta. Al final del día, autoritarismo, centralismo, militarismo, vocación dictatorialista y totalitaria, tienen efectos trágicos no sólo en las condiciones políticas y civiles de los ciudadanos sino en sus condiciones económicas, sociales y culturales, como los latinoamericanos conocemos de sobra y como a los venezolanos nos ha tocado constatar en particular en los últimos años

Confiando pues en sus buenos oficios, y con la convicción civilista, pacifista, dialoguista y nacional que nos distingue como oposición democrática, deslindados de estrategias extremistas, maximalistas y esencialistas que a nada conducen, y rechazando la promoción de métodos violentos y el injerencismo como política, la Concertación por el Cambio le ofrece su concurso en el camino que tanto usted como nosotros deseamos para Venezuela: la construcción de una democracia plena y de una sociedad de progreso y justicia para todos los venezolanos.  

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