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Resolución de la JCE

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La sorpresiva resolución de la Junta Central Electoral (JCE) prohibiendo el proselitismo político; las caravanas, la publicidad audiovisual de precandidatos, ha dominado la agenda nacional en los últimos días, y por su importancia debe ser analizada, tanto desde el punto de vista constitucional y legal como desde el punto de vista político.

Zenaida Urbano

Desde el punto de vista constitucional, no hay dudas, viola el libre ejercicio de derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, y hace un uso excesivo de su poder reglamentario constitucional, que está limitado a los tiempos de la campaña electoral.

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La Constitución de la República en su artículo 214, párrafo cuarto, limita la competencia de JCE para organizar las asambleas electorales para celebración de elecciones y mecanismos de participación popular, no para actividades internas de los partidos. Las actividades internas de los partidos, incluyendo reuniones de todo tipo, para promover precandidaturas, no son parte de las asambleas electorales para la celebración de elecciones, cuyos límites en tiempo y gastos es competencia de la Junta Central Electoral.

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El artículo 216 de la Constitución de la República protege las actividades internas de los partidos y los derechos fundamentales de sus dirigentes y militantes. Igualmente, como bien apuntara el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Dr. Leonel Fernández, el artículo 74 de la Constitución de la República establece que “sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad”. Lo anterior indica que el artículo 212, que faculta a la JCE a reglamentar asuntos de su competencia en tiempos electorales, tiene un contrapeso en el texto del artículo 74, antes transcrito, que significa que cuando la reglamentación afecte el ejercicio de derechos fundamentales sólo podrá establecerse la regulación por una ley orgánica, que requiere las 2/3 partes de aprobación de ambas cámaras legislativas.

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En el caso de la resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe las actividades y promoción políticas en el país, choca de frente con ejercicio de derechos fundamentales como son: libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión y libertad de circulación

Igualmente, la resolución de la JCE violó el artículo 23 de la Ley 200 de Libre Acceso a la Información Pública, que establece lo siguiente: “Artículo 23.- Las entidades o personas que cumplen funciones públicas o que administran recursos del Estado tienen la obligación de publicar a través de medios oficiales o privados de amplia difusión, incluyendo medios o mecanismos electrónicos y con suficiente antelación a la fecha de su expedición, los proyectos de regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de carácter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre los particulares y la administración, o que se exigen a las personas para el ejercicio de sus derechos y actividades.”

Desde el punto de vista político e institucional, la resolución le ha hecho un grave daño a la Junta Central Electoral, puesto que existe la percepción en el pueblo dominicano, fundada o no, de que se trata de una acción motorizada por un poderoso sector del gobierno para detener los contactos del Dr. Leonel Fernández con la población más pobre del país, y sobre todo el acto bajo techo programado para finales de agosto en el Palacio de los Deportes del Centro Olímpico, en el que se ha anunciado se le entregará al exmandatario más de un millón de firmas para que acepte ser precandidato del PLD

Si la Junta Central Electoral hubiera actuado cuando el presidente Danilo Medina llamó a los siete precandidatos de su partido al Palacio Nacional para instarlos a que se lanzaran a una campaña interna por la candidatura presidencial, o cuando dos ministros importantes del gobierno renunciaron y prepararon legítimamente sus proyectos presidenciales, así como cuando lo hiciera el secretario general Reinaldo Pared Pérez, la población hubiera entendido que no se trataba de una ofensiva contra el Dr. Leonel Fernández

Los hechos objetivos indican que la resolución apresurada, sin consultar a partidos ni a la sociedad en violación a la Constitución, se hizo horas después de la segunda visita del Dr. Leonel Fernández a barrios populares, específicamente en el sector de Los Alcarrizos el domingo antepasado y en momentos en que circulan versiones de que la última encuesta que manejan círculos del Palacio Nacional están marcando al Dr. Fernández con más de un 70% a lo interno de su organización

El PRM y un sector del Partido Reformista, creyendo que esta resolución es sólo contra el activismo del Dr. Fernández, han caído en el gancho de apoyarla públicamente, ignorando que limita y afecta de manera directa a todos los candidatos opositores que estarán impedidos de promocionarse y de hacer proselitismo en caso de que esta ignominia pueda mantenerse

La resolución de la JCE le daría para el próximo año la hegemonía y monopolio de la promoción al Presidente de la República y a los funcionarios del Estado dominicano, que son, además, posibles candidatos a puestos electivos, mientras su oposición interna en el PLD y externa estaría frizada por acción draconiana del organismo comicial

Reitero mi amistad y mi admiración de siempre al Dr. Castaños, presidente de JCE, que siempre ha sido un hombre de consenso, no de confrontación, ni mucho menos ligado a excesos de poder.  El país se extrañó que firmara esa resolución, igual que el Dr. Roberto Saladín, a quien distingo y aprecio.  Cometieron un error que ha afectado grandemente a la JCE.  Pero, errar es de humanos y el camino, con todo respeto, es el de la rectificación

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