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Venezuela: ¿Un Estado forajido?

El estrepitoso y costoso fiasco para el Gobierno que ha significado el rechazo de los organismos multilaterales a sus gestiones hace que cada vez tiene menos peso político e influencia en la comunidad internacional. El respeto a los derechos humanos, la inclusión social, el cumplimiento de las leyes, la independencia y pulcritud institucional del sistema judicial, entre otros, son principios básicos que deben ser observados por los países para consolidar la paz y la gobernabilidad en democracia.

Salvo algunas excepciones, en el mundo actual se ha venido construyendo un sólido cuerpo de principios éticos para la observancia de los derechos humanos, institucionalizado a través de instancias como son, entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Corte Penal Internacional, Tratados y Protocolos internacionales, las Convenciones de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este cuerpo doctrinario, a su vez, está íntimamente ligado con el tema de la inclusión social para legitimar la democracia y que ésta se coloque al servicio de los grupos sociales más vulnerables y evitar así la explicable y extendida insatisfacción que existe sobre la eficacia de sus acciones.

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En síntesis la búsqueda de la equidad, sin distingos ideológicos, se ha convertido en un objetivo fundamental para procurar una adecuada redistribución del ingreso y una eficiente y efectiva protección social.

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Igualmente, el fortalecimiento del respeto a la ley y el buen funcionamiento del poder judicial es la respuesta que el mundo actual está tratando de dar a las amenazas que se vislumbran sobre la gobernabilidad como son, por ejemplo, la aparición de regímenes forajidos y autoritarios, el inusitado auge de la violencia urbana, las arremetidas del narcotráfico y del terrorismo que pretenden controlar y corroer la acción de los Estados y debilitar la estabilidad institucional de los países.

El desarrollo de programas para promover la democracia como forma de gobierno, asegurar la vigencia de los derechos humanos y crear más legitimidad a través de adecuados y bien focalizados programas sociales son los aspectos más destacados que la comunidad internacional ha venido asumiendo multilateralmente.

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Ya no es posible el aislamiento. Los miembros de la comunidad internacional están hablando entre ellos de sus diferencias y problemas comunes.

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Democracias representativas, economías de libre mercado, gobiernos relativamente poco intervencionistas y protección de libertades fundamentales, son algunos de los temas que conforman la agenda para la estabilidad internacional necesaria para el progreso y el desarrollo.

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Se trata de una fuerte acción multilateral para aislar a determinados países que incumplan con estos principios, garantizar elecciones limpias y transparentes, fortalecer los sistemas políticos y el establecimiento de efectivos y no discriminatorios programas para la lucha contra la pobreza.

La búsqueda de un común ideario es compleja.

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Es difícil encontrar identidades y aproximaciones que sustituyan las confrontaciones y rupturas que han caracterizado, durante los últimos años, las relaciones internacionales.

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Sin embargo, la primera gran tarea que se apresta a realizar la comunidad internacional será la de actuar coordinadamente para contribuir pragmáticamente a construir un nuevo modelo social de desarrollo que convoque a la unidad y al ejercicio de la corresponsabilidad colectiva y la observancia de las reglas multilaterales para la convivencia pacífica.

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Esos son los temas del derecho internacional que irresponsablemente la forajida dictadura venezolana desdeña e incumple y que han hecho que se profundice su aislamiento creciente de los centros del poder mundial y que algunos países le hayan aplicado legítimas y selectivas medidas unilaterales a determinados funcionarios al servicio de la satrapía de Maduro.

El estrepitoso y costoso fiasco para el Gobierno que ha significado el rechazo de los organismos multilaterales a sus gestiones; las dificultades que confrontamos en los mercados financieros externos para obtener financiamientos o reordenamientos del pago de nuestra deuda externa; las manifestaciones de crítica y rechazo al régimen por un gran número de personalidades, organizaciones y parlamentos del mundo; el repudio de los países del Mercosur a la dirección y membrecía venezolana en ese esquema de integración, son pruebas tangibles que nuestro país, por efectos de sus incontables y sistemáticos errores, cada vez tiene menos importancia, peso político e influencia en la comunidad internacional.

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