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Luis Oberto | //
El Estado es incompetente frente a los bachaqueros

Ningún revendedor del casco central o de los llamados mercados populares de Maracaibo respeta la Ley de Precios Justos (LPJ) ni el Código Penal (CP), de lo contrario, tendrían conocimiento de que en el artículo 53 del primer estamento mencionado se establece una pena de cinco a 10 años a quienes alteren la calidad de bienes y servicios y atenten contra la producción y distribución de alimentos .

En los alrededores del centro comercial Lago, Las Pulgas y San Felipe, por ejemplo, hay mesas donde reinan harinas, leche, desodorantes, azúcar y champú . Los costos multiplican sus precios justos. Si un paquete de harina cuesta 200 bolívares, allí se encuentra en mil 800. Gran parte no son productos genuinos .

Ana María Inciarte, docente de primaria, compró dos desodorantes Mun -cada uno en mil bolívares- y lo que halló dentro de los frascos fue enjuague. No se dio cuenta hasta la mañana siguiente , cuando su yerno le manifestó que de sus axilas había brotado mal olor aun cuando se aplicó el producto antes de dormir. Ni siquiera salió a la calle.

El champú que compró por dos mil 500 bolívares Irania Mendoza, empleada de un banco regional, tenía jabón líquido y suavizante.

© Luis Alfonso Oberto Anselmi

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Le dejó su cabello liso duro y mal lavado , por eso lo supo. Nunca hizo espuma. Algo malo tenía que haber porque no pudo peinarlo con facilidad. Se le hicieron nudos y debió aplicarse aceite de almendra .

En el mercado popular Las Pulgas concurren, en la sola acción de vender productos falseados, cinco delitos .

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En derecho, a esto se le denomina concurso de delitos: adulteración de productos, fraude, estafa, especulación y evasión de impuestos .

A esta gama se incorpora un delito adicional, explica Sergio Urdaneta, abogado constitucionalista: asociación para delinquir .

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“No son personas aisladas, son redes organizadas (…) El asunto del bachaqueo es complejo, por eso es necesario mirarlo de fondo .

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Estamos en presencia de un problema estructural de Estado en el que la nación falla al no ser capaz de mantener la producción de alimentos y medicamentos y al no contar con las herramientas para enfrentar y combatir el problema”.

Trampa legal

Son delitos complejos porque concurren, afirma Gerbis Medina, abogado penalista.

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Aunque el Código Penal venezolano no tipifica el bachaqueo como delito, hay instrumentos jurídicos que agrupan las infracciones específicas cometidas al vender un producto, un servicio o u bien por encima del precio legalmente estipulado .

Las penas determinadas en Código Penal para el revendedor -y para sus colegas- que le vendió el champú a Irania Mendoza o los desodorantes a Ana María Inciarte son bajas.

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Por usura o engaño no se pasa más de dos años de cárcel . El artículo 368 instituye que “todo individuo que hubiere puesto en venta o de cualquiera otra manera en el comercio, como genuinas, sustancias alimenticias que no lo sean (…) será penado con prisión de tres a quince días”.

Pero en la Ley de Precios Justos sí hay penas “excesivas”.

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Se hallan en el artículo 62, referentes a la alteración en bienes y servicios : “La proveedora o el proveedor que modi que o altere la calidad, cantidad, peso o medida de los bienes, o calidad de los servicios, en perjuicio de la persona será sancionado con prisión de seis meses a dos años”.

El fraude a un particular, asegura Medina, es lo que se comete cuando venden leche mezclada con cal , por ejemplo.

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Aquí concurren los delitos de fraude, especulación y atentando a la salud pública. Su pena es entre seis y ocho años si no hay fallecimientos.

Entre cuatro y seis años, según el artículo 61 de la Ley de Precios Justos, sería la pena para quienes vendan bienes o alimentos con usura, además de otras sanciones jurídicas determinadas por la Superintendencia de Precios Justos (Sundde).

Estaríamos entrampados con respecto a la penalidad, según Medina, porque el bachaqueo responde a una conducta jurídica nueva .

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Los legisladores aún no estudian estas normativas. La Asamblea Nacional, por medio de decretos y leyes, hila una serie de elementos jurídicos para proteger a la sociedad de los bachaqueros.

Camila Jiménez no se siente protegida.

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O falta a su trabajo para hacer colas de tres o seis horas y así tener productos regulados o los compra en el mercado Santa Rosalía .

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Hace dos meses, cuando adquirió un champú, se dio cuenta de que eran jabón líquido . Al regresar al comercio con la queja, le argumentaron que ese producto no hacía espuma porque era industrial.

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A ella no le convenció. “Lo dejé en el mostrador y reclamé, pero no me devolvieron mi dinero. Y ellos, aún están ahí engañando a las personas”.

Modalidades

El bachaqueo comenzó como una actividad de extracción ilegal de gasolina hacia la vecina Colombia , explica una reciente investigación de la Cámara de Comercio de Maracaibo.

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“Sin embargo, como consecuencia del control de precios y subsidios (…) la actividad de extracción se extendió a otras áreas de la economía nacional”.

Este sistema de la economía tiene su origen en el Estado.

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El abogado Sergio Urdaneta detalla que s i la nación tuviera capacidad productiva, no habría justificación para que existiera esa política del bachaqueo , sistema informal “depredador de la economía”.

Los revendedores se aprovechan de la situación “porque el Estado creó las condiciones para destruir el aparato productivo venezolano (…) El bachaqueo no es el problema, es una expresión de él”.

A raíz de las fiscalizaciones y controles fronterizos, e ste sistema ilícito de transferencia de alimentos y productos básicos comenzó a comercializarse con sobreprecios en el país , reza el documento de la Cámara de Comercio.

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“Entre 15 y 20 por ciento de la producción nacional de Venezuela se pierde producto del fenómeno llamado bachaqueo o contrabando entre la zona fronteriza con Colombia”.

Luego del contrabando del combustible, siguieron los alimentos (leche, harina), después, las medicinas .

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El fenómeno social se acrecentó cuando miraron al sector de la construcción (cemento, rollos de alambre dulce) y al área de repuestos para vehículos (baterías, cauchos).

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Aunado a eso, los productos de cuidado diario (pasta de dientes, pañales, jabón) desaparecieron de los supermercados.

Y por último, los insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas y plaguicidas).

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Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo y docente de la Universidad del Zulia, asegura que el problema se presenta desde el 2010, cuando el Estado expropió Agroisleña y creó Agropatria .

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“Desde entonces, escasean desde semillas hasta insecticidas”.

José Camargo, coordinador general de en estado Zulia de los Círculos Bolivarianos de Venezuela, alerta a los organism oficiales.

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Armará un grupo de trabajo para enlazar la Red de Inteligencia con los cuerpos de seguridad y así enfrentar el mercado de los bachaqueros .

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Harán contraloría social.

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Tags: Isla

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