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La legislación contra la corrupción

Al darle media sanción al proyecto de ley que penaliza a las empresas que delinquen, la Cámara de Diputados también aprobó dos nuevos artículos de esa iniciativa: uno declara que los delitos de corrupción son imprescriptibles y el otro incrementa la pena mínima para que no puedan beneficiarse con la excarcelación los funcionarios condenados por corrupción. Aún falta que el Senado trate este proyecto, llamado de responsabilidad penal empresaria, y probablemente lo modifique, por lo cual volverá a la Cámara baja. Por lo tanto, hay tiempo aún para rechazar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

No hay dudas de que la prescripción o caducidad de la acción penal que opera al agotarse los plazos ha sido y aún es una importante traba para llevar a buen puerto las causas de corrupción e identificar y sancionar a los culpables, además de procurar la recuperación del dinero malhabido.

Sin embargo, esa traba ha operado y sigue operando por la sencilla razón de que hay varios fiscales, jueces y camaristas federales que, por distintas razones -cobardía, intereses económicos y políticos-, duermen los expedientes más sensibles en función de los tiempos políticos. Son muy escasas las grandes causas de corrupción que llegan a juicio oral y menos aún las que obtienen condenas firmes. Una de las pocas es la del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, por la que fue condenado el ex presidente Carlos Menem y que ya tiene 22 años.

La imprescriptibilidad es un recurso extremo que sólo se aplica a los delitos de lesa humanidad, que revisten otra naturaleza. Aplicarla a los hechos de corrupción sentaría un mal precedente y equivaldría a admitir una enorme, grave y vergonzosa derrota de la justicia federal, principal responsable del actual estado de cosas caracterizado por una impunidad que resulta ofensiva para la sociedad. Tras la media sanción en Diputados, Nicolás Massot, presidente del bloque de diputados de Pro, afirmó con razón que se necesitan “jueces con voluntad política de avanzar en tiempo y forma con las causas”.

Por otra parte, ¿qué garantía hay de que, una vez aprobada la imprescriptibilidad, los jueces antes inactivos pondrán manos a la obra? ¿No ocurriría más bien lo contrario al no haber plazos y no prescribir los sumarios? O, aun peor: su condición de causas casi eternas y con decenas de ex funcionarios involucrados ¿no tentaría a jueces y políticos para activarlas o desactivarlas en función de intereses políticos? De todos modos, no tendría efecto retroactivo y sólo regiría para los delitos que se cometan tras la sanción de la ley.

En todo caso, más sencillo y menos drástico sería trabajar sobre las causas de la prescripción teniendo en cuenta las serias consecuencias que acarreó la ley 25.990, aprobada en enero de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Esa norma, que acelera los plazos de prescripción, pasó inadvertida en su momento hasta que LA NACION reveló su existencia y los beneficios que brindaría a los imputados en importantes investigaciones. Gracias a ella prescribieron -entre muchas otras- 14 grandes causas contra bancos por defraudación, como las de los bancos de Italia, Mercantil y Cabildo, y la de la niña Marcela Iglesias, que murió aplastada por una escultura en el Paseo de la Infanta. El mismo año en que se aprobó esa norma prescribió un 66% más de causas que el año anterior.

Quizá habría que buscar algo parecido a lo que rige en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, una vez que se dispone un arresto o una acusación formal, el caso ya no prescribe. Pero sí puede prescribir antes si han transcurrido los plazos máximos fijados por la legislación.

Entre nosotros rige un principio importante y es que la prescripción no empieza a correr mientras cualquiera de los implicados esté desempeñando un cargo público, lo cual extiende los plazos de prescripción.

Contrariamente a lo que afirmaron los magistrados agrupados corporativamente en la Asociación de Jueces Federales, para avanzar contra la corrupción no se necesitan muchos más medios de los que se cuentan en la actualidad, sino la voluntad de actuar y de cumplir con su obligación.

Es altamente probable que el proyecto de responsabilidad empresaria se convierta en ley pues pondrá a la Argentina en pie de igualdad con otras naciones que tienen normas similares. Por esta razón, es preciso que los legisladores que debatirán el proyecto sean sumamente cuidadosos en sus análisis y decisiones, no sólo en lo que hace a la cuestión de la imprescriptibilidad, sino también en un aspecto que ha destacado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que insta a respetar el principio de la responsabilidad por el hecho propio. Es decir, que las empresas sólo sean imputadas por un delito cometido por un integrante solamente si la empresa no ejerció el debido control sobre él o sobre su área.

La lucha contra la corrupción requiere leyes que surjan de un profundo y desapasionado análisis, despojado de connotaciones políticas, y de jueces dispuestos a aplicarlas sin pérdida de tiempo.

LA NACION Opinión Editorial

Familia Yammine chery

Tags: Ecuador

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