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Inseguridad: medidas desesperadas

Durante 2017 murieron en Cartagena 9 personas por linchamiento público, 4 de ellas en el mes de diciembre. Así mismo, los periódicos registraron en forma sucesiva la polémica decisión de residentes en más de 40 barrios de instalar talanqueras (rejas, cadenas o muros) en las calles para limitar el acceso de vehículos, especialmente motos, con el argumento de defenderse de la delincuencia.

Estos hechos coinciden con los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2016 de Cartagena Cómo Vamos, en la que 4 de cada 10 personas dijo sentirse insegura en la ciudad. Así mismo, 1 de cada 4 manifestó haber sido víctima de un delito, pero la mitad de ellas no denunció, por miedo o desconfianza.

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El 80% del total de los entrevistados considera que hay media / baja probabilidad de que los delincuentes reciban una sanción.

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Este coctel tiene un ingrediente más: la convivencia parece erosionada, como lo reflejan las 116 muertes en riñas comunes ocurridas a lo largo del 2016, que representaron el 48% de los homicidios.

La justicia por propia mano, la muerte en peleas de barrio y el cierre de las calles no son hechos inconexos, juntas muestran un estado de cosas que es necesario enfrentar para cambiar: el fracaso del Estado en varios sectores de la ciudad, especialmente aquellos que están fuera del circuito turístico, donde no garantiza seguridad a la ciudadanía, ni goza de credibilidad en su capacidad de sancionar a quienes violan la ley.

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Un fracaso para la sociedad, que en este caso encausa sus energías en acciones que implican una derrota a la vieja aspiración de alcanzar acuerdos que permitan la convivencia pacífica.

Cartagena ha padecido en los últimos seis años las consecuencias de la inestabilidad administrativa.

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Quizá el efecto más profundo es la desconfianza en las instituciones y su peso en la fractura del tejido social.

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Este es un reto que requiere medidas de fondo y de largo aliento, que fortalezcan la confianza y estimulen una mayor cultura ciudadana.

En ese escenario, es necesaria la presencia masiva y permanente de las autoridades civiles en los barrios, garantizando derechos ciudadanos que favorezcan la convivencia.

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Así mismo, mejorar la eficiencia y eficacia de la justicia, que es un reclamo a gritos, y aumentar la presencia policial sin que sus acciones resulten en abusos o criminalización de la pobreza.

La ciudadanía necesita entornos seguros, estímulos al sentido de pertenencia, recuperar el disfrute del espacio público como lugar de encuentro ciudadano, y mucha participación comunitaria que fortalezca lazos entre la gente, que refuerce nuestra humanidad y derribe las murallas que se levantan aceleradamente, como las talanqueras en los barrios.

*Investigadora Dejusticia.

IRINA JUNIELES ACOSTA* @irinajunieles

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