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Todavía hay que sufrir cortes de luz

En los últimos días, y en medio de una ola de calor, llegó a haber más de 100.000 usuarios sin energía eléctrica en la Capital y el conurbano. Posiblemente los cortes de luz sean la carencia más molesta para quienes dependen de la red pública. Sin electricidad, además de la iluminación, se pierde el agua, el ascensor, la heladera y todos los electrodomésticos.

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Los inconvenientes se agravan en los casos de familias con bebés o adultos mayores o personas con capacidades diferentes, al igual que en aquellos comercios que expenden productos perecederos, cuyas pérdidas suelen ser irreparables.

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Cuando el corte alcanza el alumbrado público se afecta más severamente la seguridad. En todos los casos la queja de la gente emerge rápidamente y se potencia cuando la respuesta de la compañía eléctrica no aporta precisión o solución.

Cuando la duración del corte se prolonga aparecen los piquetes y los cacerolazos.

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Así ocurrió recientemente en zonas del Gran Buenos Aires, como Valentín Alsina, partido de Lanús, en donde se registraron situaciones de alrededor de una semana sin fluido eléctrico.

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Salvo cortos períodos en los cuales las empresas pusieron grupos electrógenos al servicio de las familias más perjudicadas, en la mayoría de los casos la cooperación provino de parientes y amigos.

Los cortes tienen distintos orígenes.

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Una causa estructural es la insuficiencia de capacidad de generación eléctrica frente a picos de demanda.

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Otra más accidental son las fallas y los desperfectos en los sistemas de transmisión y distribución. Han sido muy comunes las fallas de transformadores que no cuentan con su back up de reemplazo automático por habérselo canibalizado.

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Las fallas de distribución suelen ser sorpresivas y, por lo tanto, más perjudiciales. Los cortes por déficit de generación son más previsibles y sujetos a programación, pero no por ello menos molestos.

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También ha habido cortes por accidentes externos al sistema eléctrico. Por ejemplo, el provocado el 4 de enero, cuando una tunelera dañó una terna de alta tensión en Villa Soldati, que dejó sin energía a ese barrio porteño, al igual que a los de Liniers, Pompeya, Caballito, Constitución, Flores, Villa Lugano y Mataderos, y a zonas de los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda y Berazategui.

Cualquiera que sea la causa, el origen real de las fallas debe encontrarse en la insuficiencia de inversiones durante un período prolongado.

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Así ocurrió claramente en nuestro país a partir de 2002, luego de que se congelaran las tarifas y dejara de utilizarse el muy eficiente sistema de regulación del sistema eléctrico creado en los años noventa.

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Fue la consecuencia de políticas populistas en las que se subsidió a todos los usuarios y se descuidó la infraestructura.

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La ecuación económica de los servicios quedó profundamente afectada, tanto en las empresas generadoras aportantes al despacho de cargas como en las compañías de transmisión y distribución.

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Los subsidios que intentaron compensar esas pérdidas, además de insuficientes, no alinearon debidamente los intereses para sostener las inversiones requeridas.

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La corrupción seguramente drenó indebidamente una parte de esos fondos.

El retraso tarifario comenzó a corregirse a comienzos de 2016.

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Alguna desprolijidad inicial y el intento de reducir los subsidios más rápidamente provocaron reacciones y críticas contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

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Esto obligó a seguir un camino más pausado y prudente. No obstante, ya en 2017 los ajustes superaron el aumento inflacionario de los costos. Los subsidios se redujeron más de un 30% en valores nominales, en tanto que la inversión ha crecido. El gobierno nacional puso en marcha un programa de energías renovables y limpias con una respuesta exitosa.

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Las licitaciones realizadas en el marco de la ley 27.191, para el fomento del uso de fuentes renovables de energía, permitieron adjudicar proyectos por 2424 MW, la mayoría de energía eólica y solar.

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El objetivo fue cubrir con energía renovable el 8% de la potencia total instalada a fines de 2018. Esto, más la incorporación de potencia térmica y un uso más racional de la energía, haría posible en no más de dos a tres años eliminar prácticamente los cortes por insuficiencia de generación.

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Ayudará que así sea el menor crecimiento de la demanda debido al aumento real de las tarifas y al mayor uso de elementos de bajo consumo.

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La normalización tarifaria facilitará, por su lado, la recomposición de la rentabilidad de las inversiones en transmisión y distribución.

De acuerdo con datos provistos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el número de cortes de luz mostró una tendencia decreciente durante 2016 y 2017.

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Sin embargo, tuvo un imprevisto aumento en diciembre último. En ese mes se produjeron varias fallas, principalmente en el sistema de transmisión y transformación. Esto generó varios cortes, uno de los cuales alcanzó un pico de 521.899 usuarios, superando el caso máximo de diciembre de 2016, que fue de 504.004.

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Aunque el agravamiento ha sido transitorio, su simultaneidad con los aumentos tarifarios obliga a las autoridades y empresas a informar con el mayor detalle y transparencia.

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Resta mucho por hacer, pero estamos en camino para que la falta de luz sea una excepcionalidad, como lo es en los países más evolucionados.

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