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Los fallos que frenaron proyectos en Marmato y Cerrejón

Hace una semana, el municipio de Cabrera (Cundinamarca) realizó una consulta popular para decidir sobre la construcción de proyectos mineros o hidroeléctricos en una zona de reserva campesina. Del total, 1.465 personas votaron en contra y 23 a favor, con lo cual quedó bloqueado un proyecto de Engesa para ejecutar ocho minicentrales sobre el río Sumapaz. Algo similar había sucedido el año pasado en Pijao, un municipio de Quindío que votó contra la explotación de oro en su territorio y sentó un precedente porque un fallo de la Corte Constitucional determinó que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería.

Pero estos no son casos aislados.

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También hace una semana mineros artesanales ganaron un pulso contra la multinacional canadiense Gran Colombia Gold por la explotación de oro en los socavones del cerro El Burro, en Marmato (Caldas).

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La Corte Constitucional les dio la razón y ordenó suspender el trabajo de la compañía mientras realiza una consulta previa.

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En medio de esta disputa se conoció una demanda de la multinacional contra la Nación por 700 millones de dólares, por cambios en las reglas de juego en el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Canadá .

El alto tribunal también se pronunció sobre una acción de tutela de la Comunidad Indígena Media Luna Dos, en Uribia (La Guajira), contra la Nación y Cerrejón por considerar que extraer carbón a cielo abierto afecta la salud de los pobladores de los municipios cercanos.

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Según los magistrados hay pruebas de afectaciones visibles e identificables que el polvillo de este mineral produce en los habitantes de la región.

Con este fallo entra en revisión la licencia para el plan de Puerto Bolívar de la compañía para facilitar el transporte y exportación del mineral.

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La multinacional sostiene que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la población ya que en la zona donde se va a desarrollar la ampliación no existe presencia de comunidades étnicas, como lo certificó el Ministerio del Interior.

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También le puede interesar: Mineros artesanales ganan pleito a multinacional Gran Colombia Gold

Pues bien, los casos anteriores muestran la compleja situación que vive el sector minero-energético en Colombia, en el que el rechazo de las comunidades frenó grandes proyectos que podrían llevar desarrollo al país y a las regiones.

Los inversionistas creen que la situación está pasando de castaño oscuro y sostienen que las industrias extractivas están quedando en jaque.

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Ante la gravedad de los hechos, la Andi y siete gremios del sector, entre ellos la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Naturgas, Acolgén, Andesco, Andeg y Asocodis, le pidieron al gobierno, al Congreso, a las cortes, a los jueces, a los alcaldes y a los gobernadores trabajar de manera más coordinada para garantizar reglas de juego claras.

Para los empresarios uno de los grandes problemas es la desarticulación entre las competencias del Estado y las entidades territoriales.

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Marmato es un ejemplo. En este municipio alrededor de 5.000 familias viven de explotar el oro, un oficio que han practicado durante décadas en socavones en el cerro El Burro.

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